Hemos sido 5.030 firmantes

Esta acción ha finalizado, con la participación de más de 5.000 personas. ¡Gracias! Una delegación de Amnistía Internacional presentó el pasado mes de febrero al gobierno mejicano el informe "México: Leyes sin justicia". Los 5 mil mensajes recibidos han servido para obtener de las autoridades mexicanas un compromiso a favor de reformar varios aspectos de los sistemas de seguridad pública y justicia penal. Amnistía Internacional seguirá pendiente de los compromisos asumidos para garantizar que el sistema de justicia mexicano no permite violaciones de derechos humanos y avanzar hacia una situación en México en la que todas las personas gozan de igual protección ante la ley.

Petición original:

En México, a pesar de los avances aún existe un abismo entre la ley y la realidad diaria de quienes necesitan su protección, ya sea en el ámbito federal o en el estatal.

A veces se hace un uso indebido del sistema de justicia penal para detener y procesar a activistas sociales o políticos y a personas que defienden los derechos humanos. Algunas personas viven durante años pendientes de la amenaza de ser detenidas, a causa de órdenes de detención dictadas pero no cumplidas, o son detenidas en función de pruebas claramente deficientes, en ocasiones durante periodos que exceden con mucho los límites legales de la prisión preventiva. A otras personas se les deniega el acceso a representación o asistencia jurídica adecuada, precisamente en el momento en que corren mayor peligro de sufrir torturas u otros malos tratos para obtener confesiones. Los jueces desestiman o ignoran reiteradamente los informes de torturas, lo que refuerza la impunidad por estas violaciones de derechos humanos. Con gran frecuencia son las personas más desfavorecidas y vulnerables las que tienen más posibilidades de convertirse en víctimas de estos abusos.

En los sistemas de seguridad pública y justicia penal, aún queda mucho por hacer. El pueblo mexicano dista mucho de gozar de una protección adecuada.

Es importante que ejerzamos presión sobre las nuevas autoridades mexicanas para garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas gozan de igual protección ante la ley